Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario en las Cortes de Aragón, Adolfo Barrena, considera que es un “abuso urbanístico” la ampliación de la estación de esquí de Cerler.
Barrena, tras conocer que el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA) ha informado favorablemente el Interés Supramunicipal, denuncia que el Gobierno de Aragón solo está pendiente de los intereses de la iniciativa privada, “ya que la ampliación de Cerler, que afecta principalmente al valle de Castanesa es iniciativa de Aramón y, a pesar de que formalmente este proyecto lo presenta el Ayuntamiento de la localidad, es el hoolding de la nieve quien lo promueve. Y no hay que olvidar que la DGA tiene en esta empresa (ARAMON) el 50% de participación”.
“Vemos –continua el diputado- cómo el Gobierno PSOE-PAR ha aprobado en menos de un año dos decretos leyes que favorecen un modelo de desarrollo urbanístico medioambientalmente insostenible”. En este sentido, Barrena destaca que “ahora la declaración de Interés Supramunicipal va aparejada del Interés General, y permite simplificar los trámites administrativos de proyectos públicos y privados, comenzar proyectos sin haber obtenido permisos, y esto conlleva una falta de garantía jurídica”.
“Esto es una prueba más de que el Gobierno de Aragón legisla a la carta”, señala Barrena y añade que, “bajo la justificación de que el turismo de la nieve genera empleo, la DGA facilita el negocio del pelotazo urbanístico, cuando sabemos que la ampliación de Cerler tiene un elevado coste ambiental y supone un modelo de crecimiento desordenado que hipoteca el futuro social y ambiental de las zonas montañas, porque potencia exclusivamente la creación de segundas viviendas y complejos de ocio, que son importantes consumidores de agua, energía y recursos naturales”.
En este sentido, la Comisión Europea mantiene abierto el dossier de la queja que Izquierda Unida, a través de su diputado Willy Meyer, presentó por los abusos urbanísticos que afectan a Aragón, entre ellos la ampliación de Cerler. En relación con este proyecto, la Comisión respondió al eurodiputado que “era necesario estudiar el caso de Ribagorza, porque pueden existir serias irregularidades”.
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