Miguel Aso, portavoz de IU ha señalado que "la fractura hidráulica o fracking es una técnica que plantea importantes interrogantes sobre la salud de las personas y sobre las afecciones al medio ambiente, tanto en los usos agrícolas del suelo, como las relacionadas con el medio natural, fundamentalmente por la posibilidad real de contaminación de los acuíferos subterráneos y, a partir de ellos, del agua superficial dada la inyección de productos tóxicos y contaminantes que resultan imprescindibles en esta técnica". Por si todo ello no fuera poco, Aso ha señalado que "además representa una amenaza sobre la seguridad en materia de riesgos geológicos a raíz de los movimientos sísmicos que podrían producirse y supone también una alta ocupación del territorio, dada la cantidad de pozos que deben realizarse para optimizar la explotación, la necesidad de crear balsas para acumular el agua contaminada y el elevado tránsito de vehículos con cisternas para evacuar el gas".
Aso ha señalado que "no sería extraño que el término municipal de Monzón u otros de la Comarca o comarcas vecinas, pudieran estar afectados por el comienzo de estudios en relación a la extracción de gas, de hecho, recientemente quedaron caducados permisos para el estudio de la presencia de gas en la zona incluidos bajo el nombre BINÉFAR, que afectaba entre otros a los términos municipales de Monzón, Fonz o La Almunia de San Juan dentro de la Comarca (pinchar para ver enlace), así como otros fuera de la misma.
Para IU -ha señalado Aso- estas circunstancias hacen incompatible el fracking con los objetivos planteados por Europa en relación a un modelo de desarrollo sostenible, pues esta técnica incumple varias normas, especialmente la Directiva Marco del Agua y por ello, un informe elaborado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo manifiesta los riesgos que puede generar la utilización de esta técnica, motivando que varios Estados de la Unión Europea hayan aprobado una moratoria o prohibición. En España, la Comunidad Autónoma de Cantabria y La Rioja ya han legislado la prohibición del fracking, y otras están en tramitación de Proposición de Ley con la misma finalidad.
Por todo ello, ha señalado Aso, "habida cuenta de los permisos de investigación que se han solicitado y se pueden seguir solicitando en Aragón, podemos decir que existe una preocupación social importante, en especial en la seguridad sobre la salud de las personas y sobre una de nuestras principales señas de identidad, como es nuestro rico patrimonio natural. El conjunto de todos estos proyectos abarca amplias zonas de las tres provincias aragonesas, afectando a más de 100 municipios y 6.000 km2 y hemos creído necesario que la Comarca del Cinca Medio y el Ayuntamiento fijen su posición".
Por todo ello, se solicita en la moción lo siguiente:
PRIMERO: El Ayuntamiento de Monzón manifiesta su rechazo a la utilización de la técnica de la fractura hidráulica o fracking en la actividad de explotación y extracción de gas no convencional, y declara a Monzón “municipio libre de fracking”, como garantía de la salud de las personas, protección de nuestro medio ambiente y los recursos naturales.
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Monzón aprovechará todas las competencias que le han sido otorgadas a través de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y la Ley 4/2013 de 23 de mayo, por la que se modifica la última Ley de Urbanismo de Aragón, y todos los instrumentos técnicos, administrativos y jurídicos que estén a su alcance para paralizar los permisos de investigación y extracción que se hayan solicitado o pudieran solicitarse en su término municipal que utilicen el fracking para la obtención de gas no convencional.
TERCERO: El Pleno del Ayuntamiento de Monzón insta a las Cortes de Aragón a elaborar y aprobar, a la mayor brevedad, un proyecto de Ley que prohíba en la Comunidad de Aragón el fracking.
CUARTO: El pleno del Ayuntamiento de Monzón insta al Gobierno de la Nación a aplicar el “recurso al principio de precaución” prohibiendo como Estado Miembro de la Unión Europea en sus ámbitos competenciales el empleo de la técnica del la fractura hidráulica o fracking por demostrarse sus nefastos efectos potenciales sobre el medio ambiente y la salud de las personas.
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