El pasado lunes, Juan Carlos de Borbón decidió hacer pública su intención de abdicar como Rey de España, hecho que, como era de esperar, supuso una reacción encadenada de noticias, comentarios y posicionamientos políticos. Es obvio que una noticia así forma ya parte de la historia de nuestro país, de la misma historia que hizo que Juan Carlos I fuera Rey como consecuencia de la decisión unipersonal del dictador que, frente a la legalidad democrática republicana, se aupó al poder con la ayuda de las potencias fascistas del momento y con la aplicación de una estudiada y violenta política de terror represivo.
Quienes, como yo y una buena mayoría de españoles, no pudieron votar en el referéndum sobre la ahora vigente Constitución, procuramos entender que los dirigentes políticos de aquel entonces, en un momento excepcional de nuestra historia, tras tantos años de dictadura, venganzas, persecuciones, ejecuciones… y bajo la supervisión de un Ejército vencedor, garante de las esencias del franquismo y sin ninguna tradición democrática, se vieron condicionados sobremanera en la negociación y tuvieron que hacer concesiones ideológicas más que importantes con el fin de garantizar una democracia de borrón y cuenta nueva, una democracia que no mirase para atrás y una democracia parcial en la que el ya por entonces Jefe del Estado, es decir, el Rey, se asegurara su inviolabilidad a efectos jurídicos y que se le mantuviera, a él y sus sucesores, en la Jefatura del Estado sin someterse a decisión alguna del pueblo español.
Mucho más difícil es entender, y desde luego no es posible compartir, el que haya existido un pacto de silencio sobre su figura en los grandes medios y poderes políticos y sociales del país durante años, lo que le valió estar muy bien considerado entre una ciudadanía que únicamente tenía acceso a la propaganda monárquica, no a la información veraz. Cuando, con motivo de la actual coyuntura social y política, la mordaza ha caído y se han empezado a hacer públicos algunos de los escándalos en los que el Jefe del Estado y su familia son partícipes activos, se ha puesto en evidencia su figura, quedando claro que no era cierto que bastara con que ser campechano para poder ser el Monarca del pueblo.
En Izquierda Unida entendemos que hoy, en pleno S. XXI e implicados en la construcción de un nuevo periodo de nuestra historia, sin los riesgos, condicionantes y situaciones que condicionaron el rumbo de la llamada Transición, el pueblo español ha de convertirse verdaderamente en el auténtico Soberano, en quien rija sus destinos y adopte, como sujeto político adulto que es, las decisiones que le competan. Me decía hace escasas fechas un amigo que la democracia, cuando está asentada de verdad, se ejerce en igualdad de condiciones y disponiendo de toda la información sobre lo que se vota, no debiera hacer daño a nadie. La decisión sobre el modelo político que ordene nuestra convivencia debería ser un ejemplo de lo dicho. Por eso, las instituciones han de escuchar la voz de la gente que, en gran número, está pidiendo en las calles un referéndum que les permita decidir; en caso contrario, se demostrará que esas instituciones, gobernadas desde siempre por PP y PSOE, están muy alejadas de la ciudadanía a la que deben servir, no saben de democracia participativa, se creen en posesión de la verdad y pretenden convertirse en dueñas y señoras del futuro de nuestras vidas. Sin duda, España, el designado Heredero y las instituciones se juegan mucho; pero nosotros, la ciudadanía, somos los que más nos jugamos, puesto que está en cuestión si realmente tenemos la condición de ciudadanos y, por tanto, somos partícipes activos de nuestro propio destino, o continuamos siendo meros súbditos al albur de lo que otros decidan por nosotros.
